A finales de agosto del año pasado ocurría en Uganda una escena harto frecuente hoy día en muchos países africanos. El periódico de la oposición, The Monitor –citando fuentes de la prensa egipcia–, publicó que el Gobierno ugandés había aceptado poner a disposición del país de los faraones un total de 850.000 hectáreas de terreno (equivalente al 2,2% de la superficie total del país) para el cultivo a gran escala de trigo y maíz. El ministro de Tierras, Omara Atubo, se apresuró a negarlo todo. Pocos meses después, en noviembre, el ministro de Agricultura de Egipto, Amin Abaza, confirmaba esta información en declaraciones al diario La Dépêche, dando detalles sobre siete inversores egipcios que estaban ya realizando estudios de viabilidad sobre los tipos de semillas más apropiados para cultivar en los campos de Uganda.
Uganda no es el único país africano donde Egipto busca tierras. Según Amin Abaza, su país está “estudiando seriamente” la posibilidad de emprender otros proyectos de agricultura comercial en Sudán, un país cuyas leyes permiten a su Gobierno disponer de sus tierras con bastante facilidad. Según el Unregistered Land Act, de 1970, cualquier tierra que no esté registrada de forma oficial pertenece al Gobierno. Bajo este sistema, sólo el 6% de la tierra sudanesa está en manos privadas, y el 94% restante pertenecería al Gobierno. Esta legislación hizo posible que a principios del año pasado el grupo saudí Al-Rajhi pudiera negociar un arrendamiento por 40 años de 40.000 hectáreas de tierra de cultivo. Normalmente el Gobierno sudanés sólo cede tierras a inversores extranjeros por un periodo de tres años, pero el grupo Al-Rajhi demostró tener tanta fuerza financiera que desembolsó 70 millones de dólares en el acto y el Gobierno decidió declararle exento de la limitación de ese periodo.
Para un país como Sudán, donde millones de sus ciudadanos abandonaron sus poblados durante los más de 30 años de guerra civil para terminar –por ejemplo– malviviendo en barracones miserables en las afueras de la capital, seguramente debe de haber una extensión inimaginable de tierras “disponibles”. No es de extrañar que, también el año pasado, el primer ministro de Jordania anunciara que su país estaba cerrando contratos para empezar explotaciones agrícolas a gran escala en campos de cultivo cedidos por el gobierno de Jartum.
Este nuevo fenómeno está cogiendo a muchos por sorpresa. La misma Iglesia católica, que tiene abundantes documentos de su doctrina social sobre el tema de la tierra, y que en varios países de América Latina puso en marcha en décadas recientes Comisiones de la Tierra que funcionaron con gran eficiencia para evitar que sus campesinos se quedaran sin sus propiedades, parece haber mostrado hasta ahora poco interés en África por este tema. Por lo menos, no hay apenas documentos o directrices pastorales que alerten a sus fieles de esta nueva tendencia, consistente en una carrera por la compra de tierras africanas por parte de países extranjeros, sobre todo árabes y asiáticos. Este proceso se aceleró de forma vertiginosa durante 2008, sobre todo debido al alza de los precios de productos agrícolas en los mercados internacionales y el aumento de la producción de agrocombustibles. El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, lanzó la voz de alarma contra lo que denominó “un nuevo colonialismo”, en el que multitud de países pobres están poniendo sus mejores tierras a disposición de naciones ricas, a costa de sus propios ciudadanos mal alimentados.
Comida para los ricos, en las tierras de los pobres
La prestigiosa ONG internacional GRAIN ha documentado sistemáticamente este fenómeno, que califica de “una carrera por la tierra que recuerda a la expansión colonial de Europa”. Entre los países que se están apropiando de enormes extensiones de terreno en África destacan algunos de Asia como China, India, Japón, Malasia y Corea del Sur, y también otros árabes –a los que les sobra el dinero y les falta el agua– como Egipto, Libia, Bahréin, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En muchos casos están recibiendo ayuda de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que a menudo presionan a los países africanos para que cambien sus legislaciones y permitan a extranjeros acceder a la propiedad de la tierra.
La lista de países africanos que se apresuran a ofrecer sus terrenos al mejor postor a cambio de contratos de energía o inversiones de infraestructuras es larga y aumenta cada día. Entre ellos se encuentran: Mozambique, Sudán, Uganda, Angola, Ghana, Etiopía, Zambia, la República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania, Camerún, Zimbabue y Madagascar.
En este último país, casi la mitad de las tierras de cultivo malgaches (1.300.000 hectáreas) están ya en manos de la compañía surcoreana Daewoo Logistics. Y en Zambia el Gobierno ha demarcado miles de hectáreas de terreno, en forma de parcelas, para ponerlas a la venta con destino a inversores extranjeros. El objetivo es siempre el mismo: países con grandes poblaciones, pero muy escasas tierras de cultivo en sus territorios, y que tienen que importar sus alimentos (como Corea del Sur, que es el cuarto importador mundial de maíz), quieren cubrir las necesidades alimentarias de sus ciudadanos cultivando arroz, trigo o maíz fuera de sus fronteras y transportar luego las cosechas para su propio consumo.
En otros casos, el interés de los compradores es cultivar productos como maíz, mandioca o aceite de palma para procesar biocombustibles como el etanol. En África están capitalizando los bajos costes de sus tierras –cuesta la décima parte del precio de terrenos rústicos en países industrializados– y los altos precios de los alimentos básicos, que se han convertido en verdaderos activos financieros que se cotizan en las bolsas internacionales. Además, los países africanos ofrecen por lo menos tres ventajas muy apetecibles: el poco interés de muchos de sus Gobiernos por defender las tierras de sus ciudadanos, sus excelentes tierras fértiles y –atención al dato– sus débiles mecanismos legales.
Sin tierra y con hambre
El problema es que estas tierras de cultivo se encuentran en países con altos niveles de pobreza y donde la gente sufre de desnutrición. Además, el galopante aumento de la población en África y los estragos causados por el cambio climático están haciendo de la tierra –otrora abundante– un bien escaso. Y por si fuera poco, los interminables conflictos que han azotado a muchos países africanos han provocado el desplazamiento de millones de personas, que abandonan sus tierras y las dejan expuestas a la codicia del inversor de turno. En el norte de Uganda, por ejemplo, donde la guerra que estalló en 1986 llegó a desplazar a dos millones de personas, hace dos años que empezaron a llegar representantes de compañías indias que buscaban contratos con el Gobierno para crear grandes fincas de agricultura comercial en las tierras abandonadas por sus dueños hace ya más de diez años. Sólo la reacción airada de los parlamentarios de esta zona y de sus jefes tradicionales consiguió paralizar estos proyectos que el Gobierno bautizó como “desarrollo y progreso”. De momento.
Al final, muchos campesinos que no poseen otro medio de vida que sus tierras tienen poca elección y acaban emigrando a ciudades donde se les prometen puestos de trabajo en nuevas plantas industriales, también en manos de capital extranjero, y donde acabarán trabajando jornadas de más de 12 horas y cobrando 50 dólares al mes, con contratos precarios. El fin del camino suele ser que se quedan sin tierras y sin puestos de trabajo, y engrosando la abundante legión de los nuevos pobres urbanos de los slums africanos.
La principal debilidad de África, que la expone de manera especial a esta nueva forma de colonialismo, es el hecho de que la propiedad tradicional de la tierra suele ser comunitaria, y que la transmisión de padres a hijos se ha hecho siempre de forma oral, sin documentos de por medio. Quien quiera comprar tierra en Europa tendrá que ir y negociar con su dueño, el cual siempre tendrá la seguridad legal de un título de propiedad. Pero un mecanismo así no suele ser habitual en África, donde los campesinos no tienen documentos escritos. Cuando llega el día en que se encuentran sin sus tierras, no tienen mecanismos para recuperarlas en un tribunal. Y si se les ocurre acercarse a la parcela donde un día sus abuelos les enseñaron a manejar una azada y a distinguir los distintos tipos de semillas, puede que se encuentren con una alambrada de espinos y un cartel que reza que allí hay un proyecto firmado por una poderosa compañía árabe o asiática a cuyo representante ni siquiera tuvo nunca la oportunidad de encontrar.
Uganda no es el único país africano donde Egipto busca tierras. Según Amin Abaza, su país está “estudiando seriamente” la posibilidad de emprender otros proyectos de agricultura comercial en Sudán, un país cuyas leyes permiten a su Gobierno disponer de sus tierras con bastante facilidad. Según el Unregistered Land Act, de 1970, cualquier tierra que no esté registrada de forma oficial pertenece al Gobierno. Bajo este sistema, sólo el 6% de la tierra sudanesa está en manos privadas, y el 94% restante pertenecería al Gobierno. Esta legislación hizo posible que a principios del año pasado el grupo saudí Al-Rajhi pudiera negociar un arrendamiento por 40 años de 40.000 hectáreas de tierra de cultivo. Normalmente el Gobierno sudanés sólo cede tierras a inversores extranjeros por un periodo de tres años, pero el grupo Al-Rajhi demostró tener tanta fuerza financiera que desembolsó 70 millones de dólares en el acto y el Gobierno decidió declararle exento de la limitación de ese periodo.
Para un país como Sudán, donde millones de sus ciudadanos abandonaron sus poblados durante los más de 30 años de guerra civil para terminar –por ejemplo– malviviendo en barracones miserables en las afueras de la capital, seguramente debe de haber una extensión inimaginable de tierras “disponibles”. No es de extrañar que, también el año pasado, el primer ministro de Jordania anunciara que su país estaba cerrando contratos para empezar explotaciones agrícolas a gran escala en campos de cultivo cedidos por el gobierno de Jartum.
Este nuevo fenómeno está cogiendo a muchos por sorpresa. La misma Iglesia católica, que tiene abundantes documentos de su doctrina social sobre el tema de la tierra, y que en varios países de América Latina puso en marcha en décadas recientes Comisiones de la Tierra que funcionaron con gran eficiencia para evitar que sus campesinos se quedaran sin sus propiedades, parece haber mostrado hasta ahora poco interés en África por este tema. Por lo menos, no hay apenas documentos o directrices pastorales que alerten a sus fieles de esta nueva tendencia, consistente en una carrera por la compra de tierras africanas por parte de países extranjeros, sobre todo árabes y asiáticos. Este proceso se aceleró de forma vertiginosa durante 2008, sobre todo debido al alza de los precios de productos agrícolas en los mercados internacionales y el aumento de la producción de agrocombustibles. El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, lanzó la voz de alarma contra lo que denominó “un nuevo colonialismo”, en el que multitud de países pobres están poniendo sus mejores tierras a disposición de naciones ricas, a costa de sus propios ciudadanos mal alimentados.
Comida para los ricos, en las tierras de los pobres
La prestigiosa ONG internacional GRAIN ha documentado sistemáticamente este fenómeno, que califica de “una carrera por la tierra que recuerda a la expansión colonial de Europa”. Entre los países que se están apropiando de enormes extensiones de terreno en África destacan algunos de Asia como China, India, Japón, Malasia y Corea del Sur, y también otros árabes –a los que les sobra el dinero y les falta el agua– como Egipto, Libia, Bahréin, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En muchos casos están recibiendo ayuda de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que a menudo presionan a los países africanos para que cambien sus legislaciones y permitan a extranjeros acceder a la propiedad de la tierra.
La lista de países africanos que se apresuran a ofrecer sus terrenos al mejor postor a cambio de contratos de energía o inversiones de infraestructuras es larga y aumenta cada día. Entre ellos se encuentran: Mozambique, Sudán, Uganda, Angola, Ghana, Etiopía, Zambia, la República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania, Camerún, Zimbabue y Madagascar.
En este último país, casi la mitad de las tierras de cultivo malgaches (1.300.000 hectáreas) están ya en manos de la compañía surcoreana Daewoo Logistics. Y en Zambia el Gobierno ha demarcado miles de hectáreas de terreno, en forma de parcelas, para ponerlas a la venta con destino a inversores extranjeros. El objetivo es siempre el mismo: países con grandes poblaciones, pero muy escasas tierras de cultivo en sus territorios, y que tienen que importar sus alimentos (como Corea del Sur, que es el cuarto importador mundial de maíz), quieren cubrir las necesidades alimentarias de sus ciudadanos cultivando arroz, trigo o maíz fuera de sus fronteras y transportar luego las cosechas para su propio consumo.
En otros casos, el interés de los compradores es cultivar productos como maíz, mandioca o aceite de palma para procesar biocombustibles como el etanol. En África están capitalizando los bajos costes de sus tierras –cuesta la décima parte del precio de terrenos rústicos en países industrializados– y los altos precios de los alimentos básicos, que se han convertido en verdaderos activos financieros que se cotizan en las bolsas internacionales. Además, los países africanos ofrecen por lo menos tres ventajas muy apetecibles: el poco interés de muchos de sus Gobiernos por defender las tierras de sus ciudadanos, sus excelentes tierras fértiles y –atención al dato– sus débiles mecanismos legales.
Sin tierra y con hambre
El problema es que estas tierras de cultivo se encuentran en países con altos niveles de pobreza y donde la gente sufre de desnutrición. Además, el galopante aumento de la población en África y los estragos causados por el cambio climático están haciendo de la tierra –otrora abundante– un bien escaso. Y por si fuera poco, los interminables conflictos que han azotado a muchos países africanos han provocado el desplazamiento de millones de personas, que abandonan sus tierras y las dejan expuestas a la codicia del inversor de turno. En el norte de Uganda, por ejemplo, donde la guerra que estalló en 1986 llegó a desplazar a dos millones de personas, hace dos años que empezaron a llegar representantes de compañías indias que buscaban contratos con el Gobierno para crear grandes fincas de agricultura comercial en las tierras abandonadas por sus dueños hace ya más de diez años. Sólo la reacción airada de los parlamentarios de esta zona y de sus jefes tradicionales consiguió paralizar estos proyectos que el Gobierno bautizó como “desarrollo y progreso”. De momento.
Al final, muchos campesinos que no poseen otro medio de vida que sus tierras tienen poca elección y acaban emigrando a ciudades donde se les prometen puestos de trabajo en nuevas plantas industriales, también en manos de capital extranjero, y donde acabarán trabajando jornadas de más de 12 horas y cobrando 50 dólares al mes, con contratos precarios. El fin del camino suele ser que se quedan sin tierras y sin puestos de trabajo, y engrosando la abundante legión de los nuevos pobres urbanos de los slums africanos.
La principal debilidad de África, que la expone de manera especial a esta nueva forma de colonialismo, es el hecho de que la propiedad tradicional de la tierra suele ser comunitaria, y que la transmisión de padres a hijos se ha hecho siempre de forma oral, sin documentos de por medio. Quien quiera comprar tierra en Europa tendrá que ir y negociar con su dueño, el cual siempre tendrá la seguridad legal de un título de propiedad. Pero un mecanismo así no suele ser habitual en África, donde los campesinos no tienen documentos escritos. Cuando llega el día en que se encuentran sin sus tierras, no tienen mecanismos para recuperarlas en un tribunal. Y si se les ocurre acercarse a la parcela donde un día sus abuelos les enseñaron a manejar una azada y a distinguir los distintos tipos de semillas, puede que se encuentren con una alambrada de espinos y un cartel que reza que allí hay un proyecto firmado por una poderosa compañía árabe o asiática a cuyo representante ni siquiera tuvo nunca la oportunidad de encontrar.
Adelante
Muchos Más Artículos
INICIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario