(María Gómez) Más de 200 millones de cristianos en todo el mundo sufren odio, violencia, amenazas, confiscación de sus propiedades y otros abusos a causa de su religión, siendo el grupo religioso más discriminado. La cifra la reveló el obispo Mario Toso, jefe de la delegación de la Santa Sede en la Conferencia de alto nivel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que tuvo lugar a finales de junio en Astana (Kazajstán).
La OSCE es la mayor organización regional después de las Naciones Unidas, a la que pertenecen 56 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte. La propia Declaración de Astana llama a que se pongan en práctica medidas políticas eficaces para prevenir y responder a las manifestaciones de racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia, también contra cristianos, musulmanes y miembros de otras religiones y grupos étnicos.
Uno de los expertos que estuvo en Astana es el religioso Justo Lacunza-Balda, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Durante una mesa redonda celebrada en Madrid el 22 de julio, a instancias de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y en la que también participó el obispo de Multan (Pakistán), Andrew Francis, el P. Lacunza fue claro: “Los organismos internacionales son muy reacios a hablar de libertad religiosa” por varias causas: “Está esa idea de que la religión es una cosa privada e individual, pero la historia y la realidad demuestran lo contrario. Luego está la secularización, según la cual la religión no sirve para nada y hay que desarraigarla. Y en tercer lugar, la libertad religiosa es hoy el mayor desafío”.
Lacunza exigió soluciones, argumentando: “La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales, y no lo digo yo, es algo que nace de dentro; lo que los organismos internacionales deben hacer es ratificarlo y defenderlo, como una parte de los derechos inalienables del ser humano”.
Ciudadanos de segunda clase en Pakistán
Los cristianos de Pakistán están acometiendo una complicada lucha contra la ley sobre la blasfemia, vigente en el país desde 1986 y que contempla penas de prisión para quien ofenda a Alá, Mahoma o el Corán. Los abusos sistemáticos en la interpretación de dicha ley han afectado a más de 50.000 personas, pero son los cristianos los que están soportando una especial crueldad en los últimos años por parte de los extremistas. El último caso fue el 19 de julio, cuando dos hermanos protestantes fueron asesinados a la salida del tribunal que acaba de declararles inocentes de la acusación de blasfemia. El obispo de Multan, Andrew Francis, ante la pregunta de si los cristianos en Pakistán son ciudadanos de segunda clase, explica a Vida Nueva: “De iure no, pero de facto sí”.
La OSCE es la mayor organización regional después de las Naciones Unidas, a la que pertenecen 56 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte. La propia Declaración de Astana llama a que se pongan en práctica medidas políticas eficaces para prevenir y responder a las manifestaciones de racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia, también contra cristianos, musulmanes y miembros de otras religiones y grupos étnicos.
Uno de los expertos que estuvo en Astana es el religioso Justo Lacunza-Balda, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Durante una mesa redonda celebrada en Madrid el 22 de julio, a instancias de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y en la que también participó el obispo de Multan (Pakistán), Andrew Francis, el P. Lacunza fue claro: “Los organismos internacionales son muy reacios a hablar de libertad religiosa” por varias causas: “Está esa idea de que la religión es una cosa privada e individual, pero la historia y la realidad demuestran lo contrario. Luego está la secularización, según la cual la religión no sirve para nada y hay que desarraigarla. Y en tercer lugar, la libertad religiosa es hoy el mayor desafío”.
Lacunza exigió soluciones, argumentando: “La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales, y no lo digo yo, es algo que nace de dentro; lo que los organismos internacionales deben hacer es ratificarlo y defenderlo, como una parte de los derechos inalienables del ser humano”.
Ciudadanos de segunda clase en Pakistán
Los cristianos de Pakistán están acometiendo una complicada lucha contra la ley sobre la blasfemia, vigente en el país desde 1986 y que contempla penas de prisión para quien ofenda a Alá, Mahoma o el Corán. Los abusos sistemáticos en la interpretación de dicha ley han afectado a más de 50.000 personas, pero son los cristianos los que están soportando una especial crueldad en los últimos años por parte de los extremistas. El último caso fue el 19 de julio, cuando dos hermanos protestantes fueron asesinados a la salida del tribunal que acaba de declararles inocentes de la acusación de blasfemia. El obispo de Multan, Andrew Francis, ante la pregunta de si los cristianos en Pakistán son ciudadanos de segunda clase, explica a Vida Nueva: “De iure no, pero de facto sí”.
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