Madrid / Economía – España ya está sintiendo los efectos de la contracción económica mundial. Solo durante el pasado noviembre, según el Instituto Nacional del Empleo, los nuevos desempleados (parados) en este país aumentaron en 171.243, totalizando a esa fecha 2.989.269 personas sin trabajo (aproximadamente, un 12% de la población activa). Ese incremento es verdaderamente preocupante ya que, de acuerdo a las informaciones oficiales, en comparación con la misma fecha de 2007, hay 894.796 más cesantes (42,7% más). Cabe anotar que el desempleo creció por octavo mes consecutivo; había subido un 7,3% en octubre y lo hizo en un 6% en noviembre.
Además, se ha triplicado el número de empresas o personas que se declaran insolventes, especialmente en la construcción y en los servicios. Cuando el paro aumenta, disminuyen inmediatamente los afiliados que aportan a la Seguridad Social; unas 100 mil personas han deja do de contribuir a ella. Las cuentas del Gobierno señalan que la administración pública deberá aportar 2.000 millones de euros a las prestaciones por desempleo, ya que el excedente que acumulan los servicios públicos de empleo —fruto de las cotizaciones de empresas y trabajadores— no basta para hacer frente a la mala coyuntura económica.
ALBERGUES DESBORDADOS
En Madrid, los comedores públicos se ven desbordados, como el albergue San Martín de Porres, de los padres dominicos, en el distrito de Carabanchel. También han sobrepasado lo habitual las acciones para dar de comer a los indigentes realizadas por la Comunidad Sant Egidio, en la misma Puerta del Sol (centro de Madrid); y las atenciones de las Hijas de la Caridad, en el comedor María Inmaculada en Chamberí, ya están superando las 500 personas diarias. Simultáneamente, un poco más de 1.300 familias siguen viviendo en "chabolas" (mediaguas), número que ha sido difícil de disminuir; el Gobierno regional ha lanzado un plan para "realojar" en viviendas definitivas al año 2011 a solo 500 de esos grupos familiares, dejando fuera nada menos que al más grande asentamiento de construcciones ilegales, llamado Cañada Real. Cáritas España, en su último informe de actividades, ha señalado que el número de personas atendidas el primer semestre de 2008 llegó a 66.804, más que duplicando las acogidas por esta organización en igual período del año anterior.
Los tiempos no serán fáciles en España para quienes viven en pobreza y están desempleados. Una demostración son las tensiones familiares que esto conlleva —más allá de lo económico— y que se ven reflejadas en Madrid con el aumento de las familias que han solicitado ayuda psicológica en Asuntos Sociales, llegando ellas casi a las 3.000.
Además de las políticas tradicionales, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha implementado otras de emergencia. Destacan las que directamente apuntan a que los desempleados no pierdan sus viviendas, para lo cual postergan el pago de sus hipotecas y adelantan las deducciones tributarias asociadas a ellas. Asimismo, la contratación de cesantes con responsabilidades familiares estará apoyada por el Estado con 1.500 euros al año, habrá "bonificaciones sociales" a las empresas que creen empleos en "sectores estratégicos", se ofrecerá el 60% de la prestación de desempleo (antes solo era del 40%) a aquellos que opten por el "autoempleo" y durante 2009 se destinarán 1.106 millones de euros para los planes de capacitación laboral destinados a gobiernos locales y a organizaciones sin fines de lucro. Por otra parte, se ha elaborado una atractiva propuesta de retorno a sus países para los inmigrantes desempleados, con incentivos económicos y con la seguridad de regreso a España una vez que la situación económica haya evolucionado positivamente.
LA LUCHA EN EL UMBRAL DE LA POBREZA
En medio de este difícil escenario social y económico, España recibió hace unas semanas el "VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social" (Foessa-Cáritas 2008), que se suma a los entregados en los años 1967, 1970, 1975, 1983 y 1994 sobre la situación y el cambio social.
Con datos previos a la crisis, el Informe estima en 8.500.000 los españoles que viven con menos de 600 euros al mes (límite de la pobreza relativa para este país), es decir, el 20% de la población está viviendo con 570 euros promedio mensuales, porcentaje que se ha mantenido invariable durante la última década. La notable creación de puestos de trabajo de los años recientes y el crecimiento del PIB —antes del descalabro económico mundial— no permitió disminuir la actual tasa de 2,7% que consigna a las personas que se mantuvieron por debajo del mencionado límite durante los siete años consecutivos estudiados. Por otro lado, la pobreza permanente y la crónica han figurado con un 13,8 % de aumento en sus tasas, lo que demuestra que las fluctuaciones de renta de los hogares cercanos al señalado umbral (y que no suponen mejoras relevantes en el bienestar a mediano plazo) están más generalizadas en España de lo que se creía. A corto plazo se muestran cifras preocupantes en el mismo lapso: un 44% de la población sufrió pobreza por un tiempo y un 42% la vive de manera recurrente, registrando sobre dos episodios de pobreza durante los años de observación. En relación con los indicadores de privación y exclusión, un 18,5% de la población pertenece a hogares que acumulan tres o más problemas, llegando a fin de mes con muchas dificultades.
INMIGRACIÓN MASIVA
El Informe de Foessa-Cáritas recorre la política social española, desvelando lo que falta por hacer o lo que se ha hecho de manera inadecuada y analiza las normas de empleo y de protección de rentas, las de educación, vivienda, salud y de los demás servicios sociales. Incluye una reflexión profunda acerca del modelo social europeo y de los rasgos principales del modelo español del Estado de Bienestar.
Se detiene en la discusión acerca del modelo de inmigración y los riesgos de exclusión que este conlleva. Aproximadamente, un 11% de los habitantes de España son extranjeros, superando los cinco millones. De estos, casi tres millones son extracomunitarios.
Los flujos de inmigración han sido de los más altos del mundo en números absolutos — luego de EE.UU.— y se calcula que solo el 2007 llegaron 900.000 personas, entre las cuales hay numerosos rumanos que hoy son considerados comunitarios (UE). Los inmigrantes constituyen una fuerza laboral que en una década saltó del 2% al 11%, disminuyendo los africanos, aumentando los sudamericanos y subiendo fuertemente los comunitarios (principalmente rumanos). Además, los tiempos de permanencia aumentaron y eso implicó que se elevara bruscamente la incidencia de la población foránea en el crecimiento total de la población. En menos de 10 años, el peso de las mujeres extranjeras en edad fértil pasó de 3,3% a 12,2% (nacen anualmente más de 80.000 niños de madres extranjeras y ya alcanzan a 700.000 los menores extranjeros en las escuelas).
Con estos datos cabe concluir que a los inmigrantes se debe más del 80% del incremento de la población española en los últimos dos años. A ellos obedece también el 63% del aumento de la población total por la vía "natural": basta tomar los trenes de cercanía de Madrid en horarios laborales —especialmente aquel que va hacia Guadalajara pasando por Vallecas, Coslada y Alcalá de Henares, entre otros— para comprobar que la lengua más utilizada es el rumano o el "castellano latinoamericano".
UN PAÍS QUE ESTÁ CAMBIANDO
España está cambiando y de la mano de la actual crisis enfrenta grandes desafíos en lo económico y sociocultural.
Sin lugar a dudas, este país es un espacio privilegiado de encuentro de ciudadanos de diversos orígenes y hay tareas de integración que con mucha dificultad podrán llevarse adelante en medio de una situación socioeconómica tan delicada y donde la oferta laboral ha caído tan dramáticamente. Queda aún un arduo trabajo de desarrollo social integral, especialmente en aquellas autonomías donde la precariedad y vulnerabilidad son más relevantes: el Informe Foessa-Cáritas destaca entre estas a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y la pequeña Ceuta.
Según el mismo estudio, es necesario trabajar en los próximos años de manera simultánea en por lo menos cinco ámbitos:
— Buscar alternativas para mejorar la distribución de la renta, que ha empeorado en la última década;
— Trabajar de manera integral en los bolsones de pobreza existentes, temporales y estructurales, con políticas sociales articuladas y coordinadas con la misma sociedad civil (por ejemplo, vivienda y empleo);
— Diseñar un trabajo para superar la exclusión que se acentúa en perjuicio de algunas personas y familias y que cuestiona la cohesión social;
— El desarrollo social exige potenciar las actividades niveladoras del sector público mediante una mejor eficacia en la producción de bienes y servicios y la reducción de las desigualdades de acceso a los mismos, tanto en el empleo como en la provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y de protección social;
— Por último, este desarrollo social obliga también a mejorar las condiciones de vida desde el mantenimiento y mejora del medio ambiente, en especial para las zonas geográficas y barrios de los más excluidos.
En este nuevo milenio a España le espera un duro camino hacia el desarrollo más pleno y hacia la integración social efectiva. Allí —como señala el Informe— no basta con tener el crecimiento del PIB como herramienta para resolver los desafíos de cohesión y justicia social. Es necesario incluir nuevos indicadores que sean reflejo de políticas sociales renovadas, las que —en medio de crisis como las que hoy estamos viviendo— suelen nacer si se abren bien los ojos, se afina el oído y se actúa con inteligencia y generosidad. Esperamos que los españoles lo hagan, por el bien de sus familias y de los millones de personas que han venido a estas tierras en búsqueda de condiciones de vida más dignas y justas.
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Benito Baranda, Psicólogo. Escribió este artículo para revista Mensaje, www.mensaje.cl
Además, se ha triplicado el número de empresas o personas que se declaran insolventes, especialmente en la construcción y en los servicios. Cuando el paro aumenta, disminuyen inmediatamente los afiliados que aportan a la Seguridad Social; unas 100 mil personas han deja do de contribuir a ella. Las cuentas del Gobierno señalan que la administración pública deberá aportar 2.000 millones de euros a las prestaciones por desempleo, ya que el excedente que acumulan los servicios públicos de empleo —fruto de las cotizaciones de empresas y trabajadores— no basta para hacer frente a la mala coyuntura económica.
ALBERGUES DESBORDADOS
En Madrid, los comedores públicos se ven desbordados, como el albergue San Martín de Porres, de los padres dominicos, en el distrito de Carabanchel. También han sobrepasado lo habitual las acciones para dar de comer a los indigentes realizadas por la Comunidad Sant Egidio, en la misma Puerta del Sol (centro de Madrid); y las atenciones de las Hijas de la Caridad, en el comedor María Inmaculada en Chamberí, ya están superando las 500 personas diarias. Simultáneamente, un poco más de 1.300 familias siguen viviendo en "chabolas" (mediaguas), número que ha sido difícil de disminuir; el Gobierno regional ha lanzado un plan para "realojar" en viviendas definitivas al año 2011 a solo 500 de esos grupos familiares, dejando fuera nada menos que al más grande asentamiento de construcciones ilegales, llamado Cañada Real. Cáritas España, en su último informe de actividades, ha señalado que el número de personas atendidas el primer semestre de 2008 llegó a 66.804, más que duplicando las acogidas por esta organización en igual período del año anterior.
Los tiempos no serán fáciles en España para quienes viven en pobreza y están desempleados. Una demostración son las tensiones familiares que esto conlleva —más allá de lo económico— y que se ven reflejadas en Madrid con el aumento de las familias que han solicitado ayuda psicológica en Asuntos Sociales, llegando ellas casi a las 3.000.
Además de las políticas tradicionales, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha implementado otras de emergencia. Destacan las que directamente apuntan a que los desempleados no pierdan sus viviendas, para lo cual postergan el pago de sus hipotecas y adelantan las deducciones tributarias asociadas a ellas. Asimismo, la contratación de cesantes con responsabilidades familiares estará apoyada por el Estado con 1.500 euros al año, habrá "bonificaciones sociales" a las empresas que creen empleos en "sectores estratégicos", se ofrecerá el 60% de la prestación de desempleo (antes solo era del 40%) a aquellos que opten por el "autoempleo" y durante 2009 se destinarán 1.106 millones de euros para los planes de capacitación laboral destinados a gobiernos locales y a organizaciones sin fines de lucro. Por otra parte, se ha elaborado una atractiva propuesta de retorno a sus países para los inmigrantes desempleados, con incentivos económicos y con la seguridad de regreso a España una vez que la situación económica haya evolucionado positivamente.
LA LUCHA EN EL UMBRAL DE LA POBREZA
En medio de este difícil escenario social y económico, España recibió hace unas semanas el "VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social" (Foessa-Cáritas 2008), que se suma a los entregados en los años 1967, 1970, 1975, 1983 y 1994 sobre la situación y el cambio social.
Con datos previos a la crisis, el Informe estima en 8.500.000 los españoles que viven con menos de 600 euros al mes (límite de la pobreza relativa para este país), es decir, el 20% de la población está viviendo con 570 euros promedio mensuales, porcentaje que se ha mantenido invariable durante la última década. La notable creación de puestos de trabajo de los años recientes y el crecimiento del PIB —antes del descalabro económico mundial— no permitió disminuir la actual tasa de 2,7% que consigna a las personas que se mantuvieron por debajo del mencionado límite durante los siete años consecutivos estudiados. Por otro lado, la pobreza permanente y la crónica han figurado con un 13,8 % de aumento en sus tasas, lo que demuestra que las fluctuaciones de renta de los hogares cercanos al señalado umbral (y que no suponen mejoras relevantes en el bienestar a mediano plazo) están más generalizadas en España de lo que se creía. A corto plazo se muestran cifras preocupantes en el mismo lapso: un 44% de la población sufrió pobreza por un tiempo y un 42% la vive de manera recurrente, registrando sobre dos episodios de pobreza durante los años de observación. En relación con los indicadores de privación y exclusión, un 18,5% de la población pertenece a hogares que acumulan tres o más problemas, llegando a fin de mes con muchas dificultades.
INMIGRACIÓN MASIVA
El Informe de Foessa-Cáritas recorre la política social española, desvelando lo que falta por hacer o lo que se ha hecho de manera inadecuada y analiza las normas de empleo y de protección de rentas, las de educación, vivienda, salud y de los demás servicios sociales. Incluye una reflexión profunda acerca del modelo social europeo y de los rasgos principales del modelo español del Estado de Bienestar.
Se detiene en la discusión acerca del modelo de inmigración y los riesgos de exclusión que este conlleva. Aproximadamente, un 11% de los habitantes de España son extranjeros, superando los cinco millones. De estos, casi tres millones son extracomunitarios.
Los flujos de inmigración han sido de los más altos del mundo en números absolutos — luego de EE.UU.— y se calcula que solo el 2007 llegaron 900.000 personas, entre las cuales hay numerosos rumanos que hoy son considerados comunitarios (UE). Los inmigrantes constituyen una fuerza laboral que en una década saltó del 2% al 11%, disminuyendo los africanos, aumentando los sudamericanos y subiendo fuertemente los comunitarios (principalmente rumanos). Además, los tiempos de permanencia aumentaron y eso implicó que se elevara bruscamente la incidencia de la población foránea en el crecimiento total de la población. En menos de 10 años, el peso de las mujeres extranjeras en edad fértil pasó de 3,3% a 12,2% (nacen anualmente más de 80.000 niños de madres extranjeras y ya alcanzan a 700.000 los menores extranjeros en las escuelas).
Con estos datos cabe concluir que a los inmigrantes se debe más del 80% del incremento de la población española en los últimos dos años. A ellos obedece también el 63% del aumento de la población total por la vía "natural": basta tomar los trenes de cercanía de Madrid en horarios laborales —especialmente aquel que va hacia Guadalajara pasando por Vallecas, Coslada y Alcalá de Henares, entre otros— para comprobar que la lengua más utilizada es el rumano o el "castellano latinoamericano".
UN PAÍS QUE ESTÁ CAMBIANDO
España está cambiando y de la mano de la actual crisis enfrenta grandes desafíos en lo económico y sociocultural.
Sin lugar a dudas, este país es un espacio privilegiado de encuentro de ciudadanos de diversos orígenes y hay tareas de integración que con mucha dificultad podrán llevarse adelante en medio de una situación socioeconómica tan delicada y donde la oferta laboral ha caído tan dramáticamente. Queda aún un arduo trabajo de desarrollo social integral, especialmente en aquellas autonomías donde la precariedad y vulnerabilidad son más relevantes: el Informe Foessa-Cáritas destaca entre estas a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y la pequeña Ceuta.
Según el mismo estudio, es necesario trabajar en los próximos años de manera simultánea en por lo menos cinco ámbitos:
— Buscar alternativas para mejorar la distribución de la renta, que ha empeorado en la última década;
— Trabajar de manera integral en los bolsones de pobreza existentes, temporales y estructurales, con políticas sociales articuladas y coordinadas con la misma sociedad civil (por ejemplo, vivienda y empleo);
— Diseñar un trabajo para superar la exclusión que se acentúa en perjuicio de algunas personas y familias y que cuestiona la cohesión social;
— El desarrollo social exige potenciar las actividades niveladoras del sector público mediante una mejor eficacia en la producción de bienes y servicios y la reducción de las desigualdades de acceso a los mismos, tanto en el empleo como en la provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y de protección social;
— Por último, este desarrollo social obliga también a mejorar las condiciones de vida desde el mantenimiento y mejora del medio ambiente, en especial para las zonas geográficas y barrios de los más excluidos.
En este nuevo milenio a España le espera un duro camino hacia el desarrollo más pleno y hacia la integración social efectiva. Allí —como señala el Informe— no basta con tener el crecimiento del PIB como herramienta para resolver los desafíos de cohesión y justicia social. Es necesario incluir nuevos indicadores que sean reflejo de políticas sociales renovadas, las que —en medio de crisis como las que hoy estamos viviendo— suelen nacer si se abren bien los ojos, se afina el oído y se actúa con inteligencia y generosidad. Esperamos que los españoles lo hagan, por el bien de sus familias y de los millones de personas que han venido a estas tierras en búsqueda de condiciones de vida más dignas y justas.
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Benito Baranda, Psicólogo. Escribió este artículo para revista Mensaje, www.mensaje.cl
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